AUED SOBRE TASA PORTUARIA: "NO ESTAMOS DISPUESTOS A VIVIR DE LAS LIMOSNAS DE LAS EXPORTADORAS"

"El Estado Municipal ha tomado una decisión política y hay legitimación y legalidad para avanzar"

El día Jueves 5 de Marzo se llevó a cabo una reunión entre concejales y representantes de diversos sindicatos relacionados con el ámbito portuario y agroexportador de nuestro distrito, quienes pusieron en discusión la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial, aprobada recientemente por el Honorable Concejo Deliberante.
El encuentro fue encabezado por Pablo Aued, presidente del órgano legislativo local, quien indicó que fue "una reunión con varias miradas e intereses encontrados", e incluso con "algunos fragmentos no deseados" en los que hubo actitudes "absolutamente fuera de lugar".
Una de ellas fue el momento en el que el dirigente gremial José Camiña, del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), "habló de escrachar a los concejales", hecho que Aued caracterizó como "repudiable" y como un "método de extorsión e intimidación" que nada tuvo que ver con el objetivo de la reunión, que era el de "dialogar y consensuar".

Argumentos técnicos
Con cierto grado de firmeza y virulencia, los sindicatos plantearon que la aplicación de esta tasa generaría un traslado de los costos desde las exportadoras al productor, hecho que provocaría que estos decidan llevar su producción al puerto de Bahía Blanca y, por lo tanto, una disminución del trabajo para los empleados locales.
En este sentido, el presidente del HCD, quien es además el impulsor inicial del proyecto de creación de esta gabela, reiteró que la intención de la ordenanza es la de "gravar a las exportadoras", quienes son "el sujeto responsable que se lleva la parte del león en la torta de la cadena agroexportadora" y que de ninguna manera la intención es que la terminen pagando los trabajadores.
Asimismo, aseguró que la aplicación del gravamen "no es inmediata" y que se encuentra abierta la discusión sobre cómo lograr que la misma cumpla su objetivo y no impacte en los demás sectores.
Por otro lado, destacó que no existe argumento técnico para aseverar "con tanto énfasis que se va a trasladar al productor linealmente y esto va a hacer que toda la producción salga por Bahía Blanca y deje de pasar por aquí".
La ordenanza aprobada plantea el pago del equivalente a medio litro de gasoil grado 2 por tonelada de carga. Actualmente, el precio de este combustible ronda entre los $10 y $12, dependiendo de la boca de expendio. Por lo tanto, por cada tonelada declarada en la carta de porte, la exportadora deberá pagar un monto aproximado de $6. Un total de $180 por camión, teniendo en cuenta que éstos llevan alrededor de 30 toneladas por viaje.
Para Aued, este resulta un monto ínfimo, teniendo en cuenta que el costo de un viaje hacia Bahía Blanca ronda actualmente los $10.000. A esto se suma que "hay un peaje en la ruta 3 que también podría ser un componente distorsivo" y que implica un costo de aproximadamente $40 más.
Teniendo en cuenta estos datos, el presidente del órgano legislativo opinó que la opción de las exportadoras de sacar la producción por Bahía Blanca y no por Quequén no tiene que ver con la existencia o no de una tasa de estas características, sino con situaciones preexistentes, tales como "la conflictividad gremial, las cuestiones naturales y el no contar con un ferrocarril y terminales propias".

Decisión política
"El Estado Municipal ha tomado una decisión política y es la de avanzar con gravar el paso de la producción y no depender de limosnas a través de convenios o cuestiones discrecionales", aseveró Aued.
El presidente del honorable cuerpo legislativo fue determinante: "seguiremos con la ronda de discusiones pero no estamos dispuestos a vivir de la limosna de las exportadoras porque se les antoja un año arreglar una cuadra u otra", expresó.
"Queremos que sea una política de Estado y que el paso de la producción con destino a Puerto Quequén, que termina rompiendo la red vial de la planta urbana y semiurbana. tenga una solución integral, solidaria y reparadora", agregó.
En este sentido, aseguró que "reparar el daño colateral que se le hace a Quequén por el paso de 5 a 7 millones de toneladas es una decisión política para celebrar".
El referente del Partido FE destacó además que la iniciativa cuenta con "legitimación y legalidad para avanzar".
"Se ha aprobado por 7 de las 8 bancadas políticas, con 17 votos por la afirmativa y 2 abstenciones", detalló, y resaltó que esos dos votos, correspondientes a los concejales del Frente Renovador (Cristina Biar y Facundo López), no fueron siquiera por no estar de acuerdo "con el concepto" sino por creer que "no es el momento".
"Los concejales estamos legitimados por el voto popular y hay legalidad porque lo ha dicho la Asesoría General de Gobierno", finalizó.