ANARQUIA Y NEGOCIOS: LA PROVINCIA NO TIENE LEY ACTUALIZADA DE REGULACION DE AGROQUIMICOS

ESTA IMAGEN FUE TOMADA HACE UNAS SEMANAS EN UN LOTE DE COSTA BONITA, A ESCASOS 1000 METROS DE UNA ESCUELA.

La anarquía de los agroquímicos
El avión pasa, y deja en cada hectárea de campo su dosis de pesticida. El viento acorta la distancia que lo separa de una escuela. No escapan del recorrido algunas de las casas que se encuentran diseminadas en esa zona rural.
La situación, que resulta muy conveniente para los productores agropecuarios, se transforma en sombría para los vecinos.
Aunque los estudios de impacto en el ambiente y en la salud de la población humana y animal varían en sus proporciones, se sabe que la exposición a los agroquímicos resulta perjudicial para cualquier ser humano.
Y la provincia de Buenos Aires es uno de los principales consumidores y aplicadores de estos productos.
Se sabe, además, que algunos de ellos requieren de extremas medidas de seguridad para ser utilizados. Medidas que van desde su transporte y su utilización hasta el posterior reciclado de los envases.
Sin embargo, y pese a esta circunstancia, en la provincia de Buenos Aires no hay una legislación que tipifique los pesticidas, y que regule su utlización en la producción agropecuaria. Tampoco desde el Ejecutivo ha prosperado una regulación o un control sobre la actividad.
La demora parece estar atada casi exclusivamente a la puja de intereses, más que a la desidia de los gobernantes.
En el territorio bonaerense, desde 1991 rige el decreto Ley 10.699, que establece la normativa básica para la explotación productiva en el campo.
El problema de esta norma es que fue redactada antes del boom de la soja y de las semillas modificadas genéticamente. Es decir: fue legislada antes de que surgieran como forma de producción los pesticidas de baja, media y alta potencia. Por esos años la producción se triplicó en el territorio bonaerense, y la bonanza trajo como contrapartida la aparición de denuncias concretas, por problemas de salud de vecindades rurales como consecuencia del uso irracional de los pesticidas.
Más de veinte años después la Provincia sigue sin tener una ley que regule el uso de los agroquímicos, desde todas sus variables. El principal punto de conflicto es la marcación de la distancia que debe mediar entre el lugar de fumigación y las zonas urbanas, los cursos de los ríos y las escuelas rurales. Desde las empresas distribuidoras de los productos aseguran que en todo el mundo no existen restricciones al respecto, sólo cuidados en la forma de aplicación.
La infinidad de denuncias que comienzan a multiplicarse por todos los distritos rurales provinciales parecen indicar lo contrario. El problema es que, ante la falta de una norma que rija a todas las comunas, cada municipio establece las reglas como puede, quiere o le conviene.
En Coronel Suárez sucedió un caso que marca en forma evidente la puja de intereses que hay sobre el tema. El titular de Medio Ambiente, Emanuel Garrido, denunció ante la Justicia las fumigaciones con agrotóxicos cerca de las escuelas del distrito. La presentación surgió de un trabajo territorial interdisciplinario que realizó junto a médicos, docentes, agrónomos y abogados.
El copioso escrito, de más de cien páginas, revelaba que en total había 41 establecimientos educativos afectados por los pesticidas. De ellos, 23 eran escuelas primarias; 16, jardines de infantes; y 2, colegios secundarios.Garrido inició primero la causa administrativa, pero ante la no respuesta del intendente interino, Osvaldo Fuente Lema, movilizó, a través de otros vecinos, el amparo correspondiente.
La Justicia le dio la razón y prohibió la fumigación en el distrito. Pero esta decisión dejó fuera del Ejecutivo municipal al mencionado funcionario.
Para algunos, la salida se debió a las diferencias internas entre Garrido y el jefe comunal. Para otros, fue producto del lobby de los empresarios del agro. Más allá de esas circunstancias, este tipo de denuncias no es original en la Provincia.
En distritos como Zárate, donde está instalada una de las plantas de Monsanto, los vecinos denuncian la fumigación de campos que rodean o están cercanos a muchos barrios. Demostraron además problemas de salud, como alergias, broncoespasmos, dolores de cabeza e irritación de ojos.
El tema fue absorbido por el Frente Reno-vador local, que lo llevó al recinto del Concejo Deliberante, pero sin mucho éxito en su cruzada.
Desde el gobierno provincial, en tanto, buscan la manera de destrabar un decreto que lleva meses a la espera de acuerdos.
La intención del Ejecutivo es coordinar una propuesta en el marco de la Mesa Agropecuaria, para que cualquier medida, o límite en la producción, sea convenida por acuerdo.
Sin embargo, hasta el momento, la determinación de las distancias para la fumigación sigue siendo el punto de conflicto.
En la Legislatura provincial no tienen mejor suerte. Mientras reconoce que existen grupos de poder que presionan para trabar cualquier iniciativa, la senadora del FpV Marina Moretti insiste desde hace más de un año con su proyecto de ley. Esta propuesta regula la actividad en todo su espectro, desde la compra y el traslado hasta la fumigación y el reciclado de los envases usados.
También determina las distancias de aplicación respecto de zonas urbanas. Recientemente, Alfonso Coll Areco, senador del Frente Renovador, presentó una iniciativa sobre el tema. La propuesta, según lo dicho por el legislador, busca ser el disparador para un acuerdo entre los bloques.
Aunque, por las diferencias de criterios, resulta difícil pensar en un consenso. En la Cámara Baja también se presentaron varios proyectos a lo largo de estos años; no obstante, hasta la fecha ninguno prosperó.
Pasada la discusión sobre las leyes de Presupuesto e Impositiva, y con las paritarias municipales aprobadas, aseguran que el tema agroquímicos es el siguiente en la lista de prioridades del Parlamento.
Por el momento, los diputados acordaron establecer una jornada legislativa donde se pongan en la mesa todas las propuestas, para su debate. La idea es cerrar 2015 con una ley de agroquímicos, que supere al viejo decreto ley que hoy se encuentra en vigencia.
LA TECLA