El puerto de Quequén retoma el camino al futuro
La acción penal iniciada contra los manifestantes, puso fin a 15 días de cortes en varias rutas bonaerenses.
x AGUSTIN BARLETTI Buenos Aires
El poder de la ley se impuso finalmente en el puerto de Quequén. Con firmeza, el consorcio de gestión portuario, liderado por José Luis de Gregorio, puso fin a un bloqueo logístico que llevaba 15 días, con desabastecimiento y faltante de combustibles en diversas ciudades de la provincia. La extensión de la protesta en el tiempo, trabó la circulación de bienes básicos en varias ciudades bonaerenses, y generó una paralización económica que, en caso de persistir, seguramente, huebiera provocado una pérdida importante de puestos de trabajo. Además, se estaba poniendo en riesgo la siembra de al menos 250.000 hectáreas de trigo en la principal región cerealera de la Argentina.
Los transportistas integrantes de la ONG Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (Atcade), habían instalado piquetes y bloqueos en demanda de un aumento del 32% en la tarifa. A ellos también se había sumado la Asociación de Transportistas de Cereales, Oleaginosas y Afines (Atcoa). Atcade no está reconocida por la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) ni por la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac).
Al no encontrar resistencia alguna, los piquetes se consolidaron en el cruce de las rutas 5 y 65 (9 de Julio); rutas 226 y 51 (Olavarría); rutas 3 y 226 (Azul); rutas 86 y 228, y rutas 88 y 227 (Necochea); kilómetro 495 de la ruta 3 (Tres Arroyos); rutas 226 y 55 (Balcarce); rutas 3 y 75 (Gonzales Chavez); autovía 2, a la altura de Coronel Vidal; y rutas 226 y 74 (Tandil), entre otras localidades bonaerenses.
Tras varios días de infructuosas negociaciones, las autoridades del Puerto de Quequén decidieron tomar el toro por las astas y presentaron una denuncia penal contra Atcade y Atcoa. Lo hicieron ante el Juzgado Federal de Necochea por la posible comisión de los delitos de acción pública de amenazas y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, previstos en los artículos 149 bis, 149 ter. y 194 del Código Penal.
"Expresamos nuestro más absoluto repudio a las acciones ilegales tomadas por ciertos grupos de manifestantes en oportunidad de lockout que vienen llevando adelante los transportistas de cereales. La desproporcionada medida ha causado un inmenso daño económico tanto en forma directa a este Consorcio de Puerto Quequén, como así también a todos los trabajadores y operadores vinculados directa e indirectamente de la cadena exportadora y portuaria", dijo José Luis de Gregorio.
A indagatoria
De inmediato, Miguel Aguilar, Juan Batilana, y Héctor Distéfano (Atcade), junto a Juan Modesto (Atcoa) fueron citados a indagatoria y se negaron a declarar, amparándose en el derecho constitucional de defensa. La causa continúa con la intervención del fiscal y, en caso de confirmarse distintos elementos que surgirían de la investigación, se resolvería si se dicta el auto de procesamiento. El siguiente paso, sería la elevación de la cuestión a juicio al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
Representantes de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional, que actuaron de civil durante la protesta, habrían podido constatar en los piquetes que, por ejemplo, se retenía contra la voluntad de los conductores de los respectivos vehículos, a quienes transportaban medicamentos; 23.000 kilogramos de pescado; o cargas peligrosas como gas licuado de petróleo y gas propano. Por su parte, los propietarios de Molinos Tres Arroyos ya habían parado la producción de su planta y licenciado a 230 empleados al no poder abastecerse de mercadería en las últimas dos semanas.
Desde el sitio web de Atcade, Aguilar llegó a jactarse de que "en la ciudad de Necochea ya existe un gran desabastecimiento de combustible, lo mismo que en Balcarce, donde la empresa canadiense McCain se ha quedado sin materia prima (la papa)". Asimismo informó que "cientos de camiones que transportan cereales, papas, combustible y hasta ganado ya no pueden circular a raíz de los piquetes que se multiplican a lo ancho y largo de toda la provincia, donde sin prisa, pero sin pausa, se van paralizando diversas actividades productivas y comienzan a faltar el combustible".
La impunidad no llegaría tan lejos. Tras ser citados al juzgado por estas acciones que pueden derivar en hasta 10 años de prisión, los manifestantes decidieron levantar de inmediato los piquetes.
EL CRONISTA
No hay comentarios:
Publicar un comentario